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El gobierno portugués pone a disposición durante tres años 100 millones de euros en préstamos sin intereses para viticultores y cooperativas. Parte del dinero se destinará a cooperativas y procesadores de uvas para que puedan pagar a sus proveedores. La acción es retroactiva para la cosecha de 2023. Esto permitirá realizar pagos pendientes a los viticultores.
La línea de crédito es parte de un plan estratégico del gobierno para apoyar a la industria del vino en dificultades. Entre otras cosas, en los últimos meses ya apoyó la destilación de crisis con un presupuesto de 18,5 millones de euros, de los cuales 15 millones provienen de la UE. También se promovieron la vendimia en verde y una mejor comunicación para fortalecer las exportaciones. Al mismo tiempo, el gobierno también quiere actuar contra la importación de vinos baratos de España y para ello introducir controles más eficientes. Desde mayo existe una prohibición de llevar uvas y mosto a la región del Duero. Según Antonio Mendes, presidente de la asociación Fenadegas, que agrupa a 45 cooperativas vitivinícolas con más de 18,000 viticultores y alrededor de 30,000 hectáreas de superficie cultivada, el excedente de vino asciende a 1,2 millones de hectolitros.
(al / Fuente: vitisphere)